Las Conferencias sobre el Clima : Presentación de las cuotas de carbono iguales

Sesión 7

Pierre Calame, mars 2021

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La inclusión de la séptima sesión en el conjunto del ciclo : continuidad y rupturas

Esta séptima sesión es una continuación de las otras dos en dos puntos principales :

• todos ellos parten de la exigencia de una obligación de resultado ;

• la eficacia y la viabilidad de cada familia se analizan a la luz de cuatro cuestiones comunes : capacidad de lograr el resultado y de gestionar el racionamiento ; capacidad de tener en cuenta toda la huella ecológica (emisiones de dióxido de carbono y otros gases de efecto invernadero, principalmente metano y óxido nitroso) ; equidad social y capacidad de desvincular el bienestar de todos de las emisiones de gases de efecto invernadero ; capacidad de movilizar a todos los actores.

Además de estos elementos de continuidad, la tercera familia analizada hoy presenta una diferencia importante con respecto a las otras dos: la cuestión del racionamiento de las emisiones, común a todas las familias ya que se deriva directamente de la obligación de obtener resultados, se contempla aquí por « racionamiento de la demanda ». Aunque este tipo de estrategia se ha debatido varias veces en los últimos veinte años, e incluso fue planteada durante un tiempo limitado en el Reino Unido por un economista, David Fleming, en los años 90, y retomada por el Partido Laborista, liderado por el entonces ministro de Medio Ambiente, David Milliband, en la primera década de los 2000, la derrota del Partido Laborista en 2010 puso fin al debate político sobre este tema (véase el trabajo de Mathilde Szuba).

La introducción de las cuotas individuales negociables implica, en efecto, un cierto número de rupturas con los dogmas de la economía clásica ; es incluso su mayor interés. Las otras dos familias, discutidas en las sesiones 5 y 6, tienen en común que postulan la necesidad de grandes transformaciones del sistema económico y de los modos de vida, mientras que, en la práctica, se mantienen dentro de la continuidad de los modos tradicionales de acción económica y de gobernanza : fiscalidad, inversión, regulación. Pierre Calame recuerda en su introducción que esta idea de las cuotas negociables es defendida desde hace años en Francia, por un lado por Mathilde Szuba, que la convirtió en objeto de su tesis (véase su artículo en la web de Assises), y por otro por él mismo en su libro de 2009 «  L’essai sur l’oeconomie  » (capítulo correspondiente a esta idea también en la web de Assises). Dejada en barbecho, desde hace un año suscita un creciente interés colectivo, inicialmente con motivo de la Convención Ciudadana del Clima, CCC. Armel Prieur y Vianney Languille dirigen una reflexión colectiva sobre el tema.

Las cuatro grandes rupturas introducidas por las cuotas

Recordemos cuatro aforismos de Einstein: una nueva forma de pensar es esencial para que la humanidad viva; inventar es pensar fuera de la caja; no debemos confiar en los que crearon los problemas para resolverlos; la locura es hacer siempre lo mismo y esperar un resultado diferente. Estas son las preguntas que han marcado el debate sobre las dos primeras familias: ¿podemos realizar cambios radicales, « imprescindibles si la humanidad quiere vivir », manteniéndonos dentro del marco de pensamiento heredado de los dos últimos siglos? Y, después de treinta años de agotarnos en la definición de estrategias para reducir la huella ecológica de nuestras sociedades sin conseguir ningún resultado significativo, ¿por qué deberíamos esperar un resultado diferente hoy en día por seguir aplicando las mismas recetas? ¿No es más razonable revisar nuestro pensamiento económico a la luz de los nuevos retos a los que se enfrenta la humanidad ? Es este esfuerzo el que determina las tres primeras rupturas :

• cuando la oeconomía pierde su o

El término « oeconomía », utilizado hasta 1750 para hablar de lo que luego se llamó « economía », tenía el mérito de recordar su etimología, muy bien comentada por el botánico Karl Van Linné : asegurar el bienestar de toda la comunidad en un contexto de recursos limitados. En los siglos XVI y XVII, hubo muchas obras sobre « oeconomía rural », lo que hoy se llamaría « agroecología fuerte », que explicaban cómo organizar la vida y la producción de una finca rural de forma que se garantizara el bienestar de toda la comunidad manteniendo la fertilidad del suelo y los recursos de biomasa. La caída de la oeconomía coincide, hacia 1750, con el despegue de la revolución industrial que, al sustituir la energía animal y humana por la energía fósil y al movilizar los recursos de todo el planeta, pudo mantener durante dos siglos, en los únicos países desarrollados, la ilusión de recursos infinitos. Los retos del siglo XXI son extrañamente parecidos a los que ha afrontado la humanidad hasta la revolución industrial, entendiendo que debemos asumirlos movilizando lo mejor posible nuestros conocimientos científicos y tecnologías, como preconizaba Karl Van Linnaeus, para organizar lo que debe llamarse el « gran retorno a la vanguardia » de la economía.

• No se clava un clavo con un destornillador y un tornillo con un martillo

Uno de los preceptos esenciales de la oeconomía es que cada bien o servicio debe regirse según su verdadera naturaleza. La economía clásica sólo distingue dos tipos de bienes y servicios: los bienes « privados », gestionados por la economía de mercado y el equilibrio entre la oferta y la demanda; y los bienes « públicos », que deben ser gestionados por la comunidad. Esta tipología es demasiado simple. En realidad, se pueden distinguir cuatro tipos de bienes y servicios. Dado el impacto de los gases de efecto invernadero en el cambio climático, debemos, como indica la propia idea de obligación de resultados, empezar con un techo, y por tanto con un racionamiento. Y para ello hay que diseñar el sistema de gobernanza que mejor se adapte a este racionamiento, es decir, el que mejor concilie el resultado a conseguir, el bienestar de todos y la justicia social.

• No se puede conducir un coche donde el freno y el acelerador son el mismo pedal

En otras palabras, es ilusorio utilizar la misma moneda para pagar « lo que hay que desarrollar », esencialmente el trabajo humano, que es la base del bienestar de todos y de la cohesión social, y « lo que hay que ahorrar », los gases de efecto invernadero. La necesidad de dos monedas diferentes es ajena a la teoría económica dominante.

Los debates celebrados durante las primeras sesiones de los Assizes revelaron una cuarta ruptura :

• ¿Razonamiento de la oferta o racionamiento de la demanda?

Desde el Protocolo de Kioto, todas las negociaciones internacionales se han centrado en las llamadas « emisiones territoriales de gases de efecto invernadero », que son objeto de inventarios según una serie de métodos definidos internacionalmente. Como este enfoque se refiere a las emisiones en suelo europeo, se centra necesariamente en los que están en el origen de estas emisiones. En la práctica, hay tres categorías principales de actores: los propios ciudadanos, el sistema de producción y los servicios y administraciones públicas. Esto lleva a la aplicación de un conjunto de medidas para restringir la oferta.

La perspectiva que abren los Assises, en consonancia con los trabajos realizados en 2020 por el Alto Consejo del Clima, ya no es la de las emisiones territoriales, sino la de nuestra responsabilidad frente al clima. Como se demostró en la sexta sesión, esta responsabilidad se deriva esencialmente de nuestra « huella ecológica », de todas las emisiones de gases de efecto invernadero vinculadas a nuestro modo de vida y al funcionamiento de nuestra sociedad, a las que se añaden dos responsabilidades subsidiarias: el hecho de exportar bienes y servicios con un alto contenido en carbono; las inversiones que realizamos en el extranjero, en particular para favorecer la extracción y el tratamiento de las energías fósiles.

Como la huella ecológica de la sociedad es nuestra principal responsabilidad, incluye la huella ecológica « importada », incorporada sin que seamos siempre claramente conscientes de ello en la producción, el transporte y la distribución de los bienes y servicios que consumimos. A partir de ahí, el actor central son los ciudadanos. Se trata, pues, de racionar la demanda, siendo los demás actores, empresas, servicios públicos y administraciones, en cierto modo, sólo intermediarios. Es la acción de los ciudadanos, una vez que tienen conocimiento de la huella ecológica incorporada en los bienes y servicios que compran y en los servicios públicos de los que se benefician y que financian, la que es el detonante, la palanca de todas las demás transformaciones.

Una dinámica colectiva dirigida por Armel Prieur y apoyada por el sitio web www.comptecarbone.org

Desde principios de 2020, esta dinámica ha multiplicado los diálogos con un gran número de organizaciones y redes como La Bascule, Géopolis en Bruselas, redes de arquitectos, la asociación Agir pour le climat, el Instituto Rousseau, la asociación Bilan Carbone, etc. También se han organizado reuniones con parlamentarios, partidos políticos y el gabinete del Primer Ministro. Durante estos numerosos contactos se recogieron las objeciones a la propuesta de derechos de emisión individuales negociables, objeciones que a veces se referían al propio principio, a veces a su viabilidad. Son estas objeciones las que han conducido gradualmente a la identificación de posibles respuestas tanto en lo que respecta a las herramientas técnicas como a la gobernanza de dicho sistema, entendiendo que se trata, por definición, de meras hipótesis sujetas a debate. En efecto, hoy se trata sobre todo de presentar a la opinión pública y política las perspectivas que abren estas cuotas individuales negociables con vistas a un debate cívico y político cuya vocación sería transformar esta propuesta en un mecanismo concreto.

Más recientemente, a esta dinámica colectiva se ha sumado otra, dirigida por Vianney Languille, miembro de la asociación «  Shifters ". Esta red de voluntarios está formada por varios miles de personas y es una prolongación del Proyecto Shift, una asociación creada y dirigida por Jean-Marc Jancovici, financiada por grandes empresas francesas y cuyo objetivo es proponer una estrategia de descarbonización de la economía. Dentro de la asociación Shifters, la reflexión sobre la cuenta de carbono se realiza de forma independiente. Dirigido desde Toulouse, se interesa, según la expresión de Vianney Languille, por cómo pasar de un concepto atractivo a la complejidad de la vida real con ocho grupos de trabajo sobre los siguientes temas : aceptabilidad social y política ; comunicación ; etiquetado de carbono de bienes y servicios ; importaciones y exportaciones, en particular las posibles interacciones y sinergias con el mercado europeo del carbono (ETS - UE) ; gestión de las cuentas de carbono de los particulares ; evaluación económica del impacto del sistema.

La economía general de los derechos individuales negociables

Los aspectos económicos del régimen se exponen en el folleto titulado « Allocation tradable allowances to all to drive the energy transition » en www.assisesduclimat.eu. El principio es sencillo: racionar por demanda respetando la justicia social. Los impulsores de la transición son, por tanto, los propios ciudadanos, beneficiarios últimos de los bienes y servicios, que, a través de sus decisiones de consumo y de la presión que ejercen sobre los poderes públicos, provocarán una transformación de los sistemas de producción y de la gobernanza. Para ello, cada ciudadano (con un porcentaje a determinar para los niños y adolescentes) recibe anualmente « puntos de carbono » iguales para todos y que determinan su « derecho » a consumir bienes y servicios cuya producción y entrega contienen cada uno una parte de gases de efecto invernadero, dentro del total de emisiones anuales permitidas de estos gases de efecto invernadero para respetar el límite máximo correspondiente a la responsabilidad de nuestra sociedad con el clima. Estas cuotas anuales, para asumir nuestra responsabilidad con el clima, se reducen entre un 5 y un 6% cada año, lo que representa una ruptura radical con la incapacidad de nuestra sociedad, europea o francesa, en los últimos treinta años, de reducir su dependencia de los combustibles fósiles y de las actividades económicas, en particular la agricultura, que son altas emisoras de otros gases de efecto invernadero, en particular el metano, CH4, y el óxido nitroso, N2O.

Con este sistema, característico de todo racionamiento y que se encuentra, por ejemplo, en las cuotas de pesca para preservar los recursos pesqueros, cualquier bien o servicio consumido, ya sea privado, a través de una compra, o público, mediante el pago de impuestos, corresponde a un doble débito, en euros por un lado y en « puntos de carbono » por otro. Así, la tonelada de carbono equivalente es una moneda por derecho propio -una unidad de cuenta, un medio de pago e incluso un depósito de valor-, pero una moneda que, como en un juego de salón, está sujeta a una asignación anual a cada jugador. El uso de varias monedas no es nada exótico, como ya ocurre con las tarjetas de fidelidad que acumulan y cargan «  millas  » o puntos de fidelidad.

En este sistema, y esta es la diferencia radical con el racionamiento de la oferta, tal y como se presenta para las otras dos familias, las empresas y administraciones no reciben asignaciones anuales. Deben llevar un registro de entradas y salidas, producir gases de efecto invernadero para la producción, el transporte y la distribución de estos bienes y servicios, tener en cuenta estos mismos gases en los bienes y servicios intermedios que adquieren y deben incorporar en el precio de venta o en los impuestos y tasas la cantidad correspondiente que se cargará en la cuenta de los clientes o contribuyentes.

Este registro tiene en cuenta la cantidad de gases de efecto invernadero que intervienen en la producción de los bienes y servicios que se importan antes de que entren en el territorio europeo o francés (según se conciba el sistema a nivel europeo o a nivel de un solo país). No se trata de un impuesto en frontera, lo que hace que el sistema sea plenamente compatible con los tratados comerciales bilaterales y multilaterales, sino de una contabilización justa de las emisiones allí donde se produzcan, siempre que contribuyan a los bienes y servicios adquiridos por la población del territorio. Este sistema es el único que satisface tanto la obligación de resultado, ya que es la base misma del establecimiento de cuotas, como la justicia social.

Se basa en la libertad de elección y decisión de cada individuo en dos sentidos. En primer lugar, a diferencia de un sistema de racionamiento de un único bien o servicio, como el racionamiento de los viajes en avión, cada individuo puede elegir dentro de su propia cuota. En segundo lugar, las personas y familias más frugales que no gasten toda su cuota pueden vender el excedente a quienes deseen mantener un estilo de vida más intensivo en gases de efecto invernadero. Pero es obvio que con una reducción del 5 al 6% anual, esto implica en todo caso para todos : un cambio profundo de las fuentes de energía en favor de las energías renovables ; una evolución de todos hacia estilos de vida sobrios ; un rápido aumento del precio de la tonelada de CO2 equivalente para quienes quieran consumir más allá de su cuota. Pero, a diferencia de las otras dos familias analizadas en las sesiones anteriores, este precio del carbono se observa en el momento del intercambio de derechos, no es el precio que guía la evolución del sistema.

No es el aumento del precio del carbono lo que obliga a reestructurar el sistema de producción, sino el hecho de que las empresas cuyos bienes y servicios incorporan muchos gases de efecto invernadero en su producción ya no encontrarán compradores en el mercado, ya que los consumidores no tienen los puntos de carbono necesarios para pagarlos.

Podemos hablar, pues, de un efecto palanca (Arquímedes decía: « Dadme una palanca y levantaré el mundo ») que producirá, de un paso a otro y con la rapidez necesaria para preservar el clima, una reestructuración completa de las empresas, los sistemas de producción y los servicios públicos.

Para medir la magnitud y la rapidez del esfuerzo que hay que hacer para tomar por fin en serio nuestras responsabilidades, basta con recordar que en Francia la huella ecológica se estima (último informe del Ministerio de la Transición Ecológica, diciembre de 2020) en unas 10 toneladas por habitante y año, que nos hemos comprometido a reducir a 2 toneladas de aquí a 2050 (véase la presentación al respecto del Alto Consejo del Clima durante la primera sesión de la Asamblea). Sin embargo, hoy en día, el contenido de gases de efecto invernadero de los servicios públicos del Estado y de las autoridades locales se estima entre 1,4 y 1,7 toneladas por año y por habitante : ¡tres cuartas partes de la asignación disponible para cada persona en 2050 ! Como recordó Christian Gollier durante la tercera sesión de las Asambleas, asumir la obligación de lograr resultados implicará una alteración radical de los sistemas de producción y de los estilos de vida. No decir esto y dar la impresión de que bastará con desarrollar las energías renovables, que además crean puestos de trabajo, es mentir y mentirse a sí mismo.

Pasemos ahora al examen de las respuestas dadas durante la sesión a las cuatro preguntas comunes a todas las familias de soluciones

A/ Captación y obligación de resultado

De las tres familias de soluciones estudiadas, ésta es la única que se basa directamente en la obligación de resultado. Vayamos más allá. Como señala Mathilde Suzba, «  la cuestión climática es, en general, algo que rechazamos de nuestra conciencia, que está más allá de nuestros límites de representación, algo sobre lo que no tenemos control. Por el contrario, el sistema de cuotas es una extensión del objetivo global de preservar la integridad del medio ambiente hasta el nivel de los individuos: cada uno tiene un papel tangible que desempeñar y se implica en la salvación del planeta de forma concreta y personal.

¿No se corre el riesgo de que este sistema se desvirtúe progresivamente al tener en cuenta situaciones específicas, abriendo así una caja de Pandora en la que caerán todos los lobbies? Armel Prieur reconoce la existencia de este riesgo, por ejemplo, cuando tenemos la tentación de tener en cuenta las diferencias de situación, por ejemplo, de ciudad o de país. Sabemos que habrá que crear un sistema sólido e independiente, una agencia del carbono, pues de lo contrario, escudándose en consideraciones sociales, se precipitarán las ofensivas de los intereses particulares, afirma Michel Cucchi. Necesitamos una profunda renovación de la acción pública basada en una gestión concertada de los bienes comunes, un enfoque multipartito con un fuerte componente ético (lo que coincide con el debate de la tercera sesión sobre la responsabilidad de los distintos actores) y una profunda renovación de la formación de los agentes públicos, con un núcleo común sobre las cuestiones vitales de la humanidad, condición para la creación de una cultura común. La actual generación de funcionarios, como decía Mathilde Suzba de los propios ciudadanos, se enfrenta a cuestiones tan amplias que no son conscientes de ellas.

¿Cómo garantizar la continuidad del proceso más allá de las alternancias políticas ? Esta cuestión se encuentra en todas las familias de soluciones. En este caso, la aplicación de un sistema de recuento de una cantidad física hace imposible que se produzcan cambios políticos. Armel Prieur se preguntó si, para evitar las consecuencias de los cambios políticos, habría que dar una formalidad especial a la trayectoria de reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero sometiéndola a referéndum. También se observó durante las sesiones anteriores que la fuerza de las decisiones tomadas a nivel europeo consistiría en definir un marco plurianual que luego sería vinculante para los gobiernos nacionales independientemente del cambio.

¿Tendrá este mecanismo un efecto de palanca para provocar un cambio en el sistema técnico y en las estrategias de inversión e innovación públicas? Hemos visto en sesiones anteriores el reto de un cambio en el sistema técnico, combinando innovaciones en diferentes campos, por ejemplo en la producción de electricidad. El efecto de palanca de las cuotas individuales reducidas cada año dará tanto previsibilidad a la evolución como un incentivo para encontrar alternativas, lo que acelerará el cambio del sistema técnico. Negawatt ha demostrado, por ejemplo, que es técnicamente posible que un país como Francia consiga un 100% de electricidad renovable, incluyendo los mecanismos intermedios de almacenamiento y regulación de la red necesarios para la naturaleza intermitente de esta producción energética. En cuanto el coste total de los gases de efecto invernadero de la producción de electricidad se traduzca directamente en puntos de carbono para cada ciudadano, este cambio técnico dejará de ser una hipótesis para convertirse en un imperativo.

¿A qué escala política es relevante el sistema? Debido al mercado único, el nivel europeo es el más natural y eficaz. La importancia del mercado europeo también sugiere que podría tener un impacto global. Basta pensar en los cambios que se producirán en los sectores productivos mundiales si se tienen realmente en cuenta los gases de efecto invernadero incorporados a los productos y servicios que entran en el territorio europeo.

No obstante, ¿podemos empezar con uno o varios países? Esto es lo que piensa Armel Prieur. Según él, la existencia de sistemas de contabilidad nacional permitiría que algunos países europeos decidieran adoptar este mecanismo como punto de partida.

A pesar de la urgencia de actuar, ¿debemos prever un año de prueba en el que todo el mundo esté informado de su consumo de gases de efecto invernadero sin introducirlo todavía en los medios de pago? Sí », dice Armel Prieur. En lugar de un año de prueba, prefiere hablar de un « año sin sanciones » para implantar la medición.

B/ La huella total de las empresas

El sistema de derechos de emisión individuales negociables exige la captura de las emisiones de gases de efecto invernadero, principalmente de dióxido de carbono, metano y óxido nitroso, a lo largo de la cadena de suministro. ¿Es esto posible?

En el caso francés, la cuestión se abordó en la primera sesión. Ahora disponemos de información global sobre nuestra huella ecológica, basada en la «  base carbone  » de la ADEME (www.ademe.fr/base-carbone) cuya metodología se perfecciona cada año. Determina los denominados « factores de emisión » asociados a cada producto. Estos datos son una media extraída de las matrices de la economía nacional, que actualmente no permiten una trazabilidad efectiva vinculada a los productos concretos que se compran, y no reflejan los esfuerzos realizados, dentro de una cadena de producción, por una empresa concreta.

Sin embargo, esto ha permitido a Christophe Huchedé crear el carbómetro (disponible en el sitio web www.assisesduclimat.eu). Basado en los datos de la ADEME, este carbómetro permite a cada persona calcular su « balance de GEI », una estimación fija de su huella ecológica, deducida de su consumo. Por lo tanto, puede considerarse el precursor de las herramientas de cálculo de la huella real, que se utilizarán en el contexto de las cuotas para evaluar los puntos de carbono asociados a cada consumo. Ya es una poderosa herramienta de sensibilización.

El carbómetro se creó primero en forma de hoja de cálculo y ahora en forma de aplicación web o de smartphone. Suma las emisiones de GEI para una evaluación anual basada en nuestros cuatro ámbitos de consumo : transporte  movilidad ; vivienda ; alimentación ; compras puntuales de bienes y servicios. Para cada tipo de bien y servicio, el carbómetro indica, entre otras cosas, el grado de fiabilidad de los factores de emisión que se han tenido en cuenta : una incertidumbre baja para los coches, por ejemplo, pero una mucho mayor para los alimentos. Una de las principales incertidumbres se refiere a los bienes de equipo, cuyas emisiones deben repartirse a lo largo de varios años y para los que la vida útil de los equipos es un factor esencial. También en este caso, el sistema de cuotas individuales tiene un considerable efecto de palanca para provocar análisis del ciclo de vida de los productos (en los que el reciclaje juega un papel importante a la hora de recibir o no puntos de carbono al final de la vida de los productos) y para avanzar hacia los bienes de capital duraderos.

¿Es posible tener una evaluación global de las huellas ecológicas a nivel de la Unión Europea, como es el caso de Francia? El Consejo Superior del Clima ha elaborado un gráfico con las huellas ecológicas de los distintos países europeos. Las huellas ecológicas varían considerablemente : algo más de 5 toneladas de CO2 equivalente para Rumanía y 25 para Luxemburgo, que es un caso extremo y aislado, y la mayoría de los países europeos se sitúan en un rango más estrecho, entre 7 y 15 toneladas por habitante y año. población, el clima y los sistemas actuales de producción de electricidad. El gráfico también muestra que países con reputación de ser « verdes », como Suecia y Dinamarca, tienen ambos una huella ecológica mayor que la de Francia, siendo la de Suecia cercana a la de Francia y la de Dinamarca cercana a las 15 toneladas. Como vemos, el enfoque de la huella ecológica corrige la imagen que dan los países cuando nos ceñimos únicamente a las huellas territoriales. Se puede suponer, aunque queda por comprobar, que este tipo de análisis detallado ya existe en la mayoría de los Estados miembros de la UE.

¿Cómo se impulsa a las empresas a garantizar la trazabilidad del consumo de energía fósil a lo largo de la cadena de suministro? Uno de los argumentos esgrimidos por quienes se oponen a la idea de las cuotas individuales es que es imposible que las empresas, que forman parte de cadenas de producción mundiales en las que intervienen miles de proveedores y subcontratistas, puedan garantizar una trazabilidad completa de los gases de efecto invernadero. Ya se han dado dos respuestas a esta objeción. La primera fue dada por Pierre Calame, quien señaló que el equivalente puede encontrarse en el IVA: no fue porque el IVA fuera fácil de cobrar a lo largo de la cadena de producción que se creó el impuesto, sino porque hay un impuesto que se ha convertido en fácil de cobrar el IVA a lo largo de la cadena de producción. El segundo punto señalado por Christian De Perthuis: una forma fuerte de fomentar la trazabilidad es utilizar un baremo máximo en ausencia de trazabilidad (es la lógica del « ticket de la autopista »: la persona que pierde su ticket paga la distancia máxima).

Jean-Luc Fessard ilustró el poder del efecto palanca en el sector de la restauración. Convencido de que nada sucederá sin iniciativas ciudadanas de concienciación sobre nuestro impacto en el clima, él y su asociación «  Bueno para el clima  » decidieron centrarse en la alimentación, que pesa mucho en nuestra huella ecológica, cerca de 1/4 de las emisiones totales de gases de efecto invernadero, sobre todo por el alto impacto del metano y el óxido nitroso, y que afecta directamente a la vida cotidiana. Para organizar esta campaña de sensibilización, tuvo la idea de movilizar a los cocineros de los restaurantes, a los que la asociación proporcionó una herramienta para medir el impacto de sus cocinas en los gases de efecto invernadero. Esta herramienta permite evaluar cuatro criterios : la calidad del sabor ; el cambio hacia alimentos menos cárnicos ; el respeto a la temporada y el abastecimiento local.

El interés de esta herramienta es que ya no se trata de una tasa plana: por ejemplo, en lo que respecta a la ganadería, hay una gran diferencia de emisiones entre la ganadería industrial intensiva y la ganadería de pastoreo. El método de producción y conservación también es esencial: las emisiones de óxido nitroso están vinculadas a los insumos químicos y las emisiones de derivados del flúor, los refrigerantes, que también desempeñan un papel importante, están vinculadas a la cadena de frío.

El interés del enfoque detallado del impacto ecológico de la alimentación es poner de manifiesto de forma muy tangible el impacto del tipo de agricultura, que podría verse ampliamente influenciado por una reforma de la Política Agrícola Común europea, el de los hábitos alimentarios, con la evolución hacia una dieta menos cárnica, y la aceptabilidad social de un enfoque basado en los productos de temporada (volvemos a encontrar la reflexión realizada en la sexta sesión sobre las necesidades : simplemente no querer « todo de inmediato »). La comuna de Malaunay puso a prueba a tres familias durante tres meses proporcionándoles la herramienta para medir el impacto ecológico de su alimentación. Al cabo de tres meses, cada familia había reducido su huella en un 30%, independientemente de su huella inicial.

¿Cómo se harían los pagos en dos monedas? Los desarrollos tecnológicos están en marcha para apoyar esto. El impacto ecológico del propio sistema de trazabilidad debe evaluarse, pero el rápido desarrollo de los pagos por teléfono móvil, acelerado por la pandemia de Covid, permite incluir el uso de la cuota individual en los desarrollos técnicos que ya están en marcha, incluidos los relativos a la protección de datos.

¿Cómo evaluar o controlar el precio del carbono ? Pascal Dagras subrayó que el proyecto de ley sobre el clima y la resiliencia podría recoger la primera propuesta de la Convención de los Ciudadanos, que pide la introducción de una puntuación del carbono. A este respecto, mencionó un proyecto que tendría como objetivo movilizar la inteligencia colectiva : a semejanza de lo que ocurre con la enciclopedia en línea Wikipedia, un sistema colaborativo, en el que participen ciudadanos, empresas y asociaciones, podría permitir describir y calcular el precio del carbono de un número máximo de productos y servicios y garantizar la coherencia de los precios mostrados.

C/ Justicia social y desvinculación

Cualesquiera que sean las soluciones que se adopten, deben hacer compatible la obligación de obtener resultados con la justicia social y permitir una disociación entre el desarrollo del bienestar y el consumo de combustibles fósiles.

Como recuerda Armel Prieur, la cuestión de la justicia social está en el centro del debate sobre las cuotas porque se refiere más fundamentalmente a la cuestión de la propiedad de los bienes comunes mundiales. Las primeras ideas sobre el tema se remontan a los años 80. El gran ecologista indio Anil Agarwal se preguntó: « ¿A quién pertenecen los sumideros de carbono? Sabemos que, por utilizar la expresión de Michel Rocard, el planeta sería ya una sartén sin el papel regulador de los océanos y de las grandes estepas o bosques primarios que absorben, hasta hoy, la mayor parte de las emisiones de dióxido de carbono. Esto significa que las sociedades más ricas, y dentro de ellas las clases sociales más ricas, están acaparando los sumideros de carbono. Si hay una convicción compartida por los defensores de las diferentes familias de soluciones, es que ninguna de ellas tendrá éxito si no va acompañada de la justicia social.

Ilustrando su punto de vista con datos relativamente antiguos, Mathilde Suzba nos lo recuerda en relación con Francia. El siguiente gráfico muestra el impacto del presupuesto energético en el presupuesto total de los hogares, es decir, la « tasa de esfuerzo », dividido por la renta en cinco quintiles en 2001 y 2006, es decir, durante un periodo de subida de los precios del petróleo.

Para el primer quintil, esta tasa era de 10,2 en 2001 y de 14,9 en 2006 ; para el quinto quintil, a pesar del aumento del precio de la energía, bajó de 6,3 a 5,9, ya que el aumento de los ingresos ha compensado con creces el aumento del precio de la energía (Fuente ADEME et vous ; stratégie et étude 3 avril 2008).

Por otro lado, la huella de carbono aumenta con los ingresos. El siguiente gráfico del año 2010 lo ilustra con el mismo desglose en quintiles : menos de 4 toneladas para el primer quintil y casi 10 para el quinto.

Gastos seleccionados. El gasto en vivienda aumenta con relativa lentitud, mientras que el gasto en movilidad aumenta muy rápidamente.

El peso del consumo de los más ricos en la evolución de la huella ecológica se ilustra también con dos gráficos propuestos por Michel Cucchi. La primera, basada en el trabajo de Thomas Piketty sobre las desigualdades mundiales, muestra cómo se distribuyeron los frutos del crecimiento entre 1980 y 2016 a escala global.

Durante este periodo de crecimiento en los países emergentes y de estancamiento, o incluso retroceso, de los ingresos de las clases medias en los países ya desarrollados, el 50% más pobre de la población captó el 12% del crecimiento, mientras que sólo el 1% más rico captó el 27%. Esto explica en gran medida otro gráfico presentado por Michel Cucchi y extraído de un estudio (controvertido en los detalles pero ciertamente ilustrativo de los órdenes de magnitud)

A escala mundial, el 50% de la población más pobre es responsable del 6% del crecimiento total de las emisiones en 25 años, el 40% de la población correspondiente a las clases medias es responsable del 49% del crecimiento de las emisiones (la población europea se encuentra masivamente en esta franja), y finalmente el 10% más rico es responsable del 46% del crecimiento de las emisiones.

Estos datos muestran por qué la igualdad de derechos de emisión para todos tiene un efecto redistributivo masivo. Sería demagógico pretender que en Europa la reducción de la huella ecológica total en un 80% de aquí a 2050 no repercutirá en el estilo de vida de las clases medias : a lo largo de 25 años, incluso un modesto aumento de sus ingresos se ha traducido en un incremento significativo de su huella ecológica y este proceso tendrá que invertirse. Pero este esfuerzo será gradual. El impacto de las cuotas es, en cambio, inmediato para los más ricos, que tendrán que cambiar rápida y radicalmente su estilo de vida, encontrando cada vez más difícil y a un precio necesariamente muy alto encontrar personas dispuestas a ceder una cuota excedente. Como señala Mathilde Szuba, dar la misma cuota a todos pone de manifiesto la interdependencia entre los consumidores, poniendo claramente sobre la mesa «  conflictos que ya existen pero que se ocultan en términos de desigualdad ambiental ". También confirma que empezar a tener en cuenta las excepciones en nombre de las necesidades incompresibles de tal o cual categoría de población abriría la puerta a una deriva general. De ahí la importancia de que un sistema central e independiente de la política gestione la asignación de las cuotas de carbono. Además, el ritmo anual de reducción de cuotas a lo largo de 30 años dará un alto grado de visibilidad a los esfuerzos exigidos a los distintos grupos sociales, y les dará una visión clara de las transformaciones de todo tipo que implica la reducción de cuotas. Los Estados son entonces libres de aplicar una política fiscal que tenga en cuenta el aumento de las desigualdades de renta en los últimos 20 años, con el fin de dar a la población menos favorecida los medios para adaptarse a la reducción de las cuotas.

La presentación que hemos adoptado de las tres familias examinadas una tras otra puede dar la impresión de que una excluye a la otra. Este no es el caso. En concreto, las cuotas no sólo no excluyen el uso de soluciones de la segunda familia, sino que suponen un poderoso incentivo para su desarrollo: la sustitución de fuentes renovables de producción de electricidad, el aislamiento térmico de las viviendas o nuevas formas de movilidad.

En cuanto a la disociación entre el desarrollo del bienestar y la reducción de la huella ecológica, es precisamente el uso de dos monedas diferentes, una que permite el desarrollo del empleo y todos los beneficios de las tecnologías de baja emisión de carbono y la otra que permite la reducción de la huella ecológica lo que crea esta disociación automática.

¿Es factible el sistema y no corre el riesgo de crear un monstruo complicado de gestionar, o no conduce a la vigilancia de la población? Un informático vinculado a las monedas locales que ha querido permanecer en el anonimato ha señalado que la práctica de la doble moneda ya existe, pues las monedas locales que se están desarrollando tienen ahora un soporte electrónico y el uso de un identificador único del consumidor ya se está ajustando al Reglamento General de Protección de Datos (RGPD).

Por otra parte, la pandemia del Covid ha dado lugar en el último año a un tremendo desarrollo de los pagos por teléfono móvil en Europa, donde iba a la zaga, y no parece muy complicado diseñar aplicaciones de telefonía móvil adaptadas al uso de una doble moneda, igual que no parece complicado modificar las cajas registradoras de las grandes superficies una vez que el cálculo previo ha determinado los puntos de carbono asociados a cada producto. Este informático también señala que la idea de las cuotas de carbono suele ser bien recibida en el mundo de las monedas locales, en parte por la costumbre de utilizar dos monedas y en parte porque las propias monedas locales se basan en una filosofía de desvinculación de los distintos tipos de consumo.

El transporte de puntos de carbono con tarjeta bancaria también está en discusión con Mastercard. Habrá que probarlo con una maqueta o piloto del sistema informático. Los editores de software para cajas registradoras, como 3Dcom, están muy interesados en añadir información sobre el carbono a su software.

D/ Movilización de todos los actores

Al igual que en las otras dos familias, una política basada en los derechos individuales negociables debe garantizar que el cambio propuesto sea físicamente posible, que esté claro lo que significará para cada actor y que se invite a todos a participar asumiendo su parte de responsabilidad.

Como se acaba de señalar, el sistema de cuotas negociables no sólo no es una alternativa a las reflexiones técnicas llevadas a cabo en la sexta sesión, sino que, por el contrario, los dos enfoques se complementan, ya que las cuotas individuales negociables aportan el impulso que hasta ahora ha faltado en todos los escenarios técnicos finos. A modo de ilustración, Frédéric Ménard, gran especialista en la materia, ilustró lo que significaría garantizar la descarbonización de « la cadena de valor de las nuevas construcciones » aplicándolo al caso del cemento y el hormigón.

Recordó que el objetivo de la Estrategia Nacional Baja en Carbono (ENC) es reducir de 11 millones de toneladas de CO2 emitidas por el sector cementero en 2015 a 2 millones de toneladas en 2050, una reducción proporcional o cercana a la reducción global de la huella ecológica. Para ello, existen tres tipos de palancas : una palanca técnica, que permite reducir la huella ecológica de un metro cuadrado de edificio al mejorar la huella de carbono de la producción de una tonelada de cemento, al reducir la proporción de cemento en el hormigón, al reducir la proporción de hormigón por metro cuadrado de edificio ; una palanca vinculada a los estilos de vida, al reducir la nueva construcción y, por tanto, el número de metros cuadrados de edificios por año, invirtiendo la tendencia que, hasta ahora, debido al bajo coste de la energía fósil, ha tendido a aumentar la superficie de las viviendas por habitante de una década a otra ; una palanca para el secuestro de CO2 en la nueva construcción. Según él, la tercera palanca es limitada. Desde el punto de vista técnico, sean cuales sean los esfuerzos técnicos realizados por la industria de la construcción, no podrá reducir el número de metros cuadrados al año por debajo de los 5 millones de toneladas. Esto deja un vacío de 3 millones de toneladas para llegar a los 2 millones de toneladas anuales.

El interés del planteamiento de las cuotas individuales negociables es, según él, transferir el poder y la responsabilidad a los « clientes », que podrán acelerar la reducción de la huella ecológica de la producción de hormigón, por un lado, y, por otro, cambiar el sector de la construcción fomentando la multiutilización de los metros cuadrados construidos, aumentando la tasa de utilización de los edificios, dejando de destruir y reconstruir al mismo ritmo que lo estamos haciendo, reduciendo el número de metros cuadrados de nueva construcción al año de estas diferentes maneras.

Todo ello requiere el desarrollo de la información extrafinanciera por parte del sector de la construcción. En cualquier caso, dice, las cuotas nos obligarán a razonar sobre el resultado final y no sólo sobre la reducción de los factores de emisión por unidad de material. Se trata de una ilustración llamativa de lo que había surgido en las sesiones anteriores : el esfuerzo por reducir los factores de emisión por sector económico favorece los enfoques de optimización técnica, pero pasa por alto el otro aspecto de la transformación, la reestructuración del propio sistema económico.

Todos los oradores coincidieron en que el enfoque de las cuotas tiene la ventaja de situar a los propios ciudadanos en el centro del proceso de transformación. Herramientas como el carbómetro les proporcionan información completa sobre su papel, en un contexto, bien descrito en las sesiones anteriores, en el que los propios ciudadanos carecen de información o incluso de conocimiento de los resortes de que disponen.

¿Cuál sería el papel de los territorios en la dirección de la transición? En su trabajo, Pierre Calame sugirió que las Regiones podrían ser el primer nivel de creación de bolsas de comercio de carbono. No es seguro que estén preparados para ello hoy en día, pero hubo consenso durante la sesión sobre la importancia de la aparición, en varios países, de comités locales en los que se puedan desarrollar todos estos simulacros, lo que llevaría a una amplia concienciación de la población, sin la cual nada sucederá.

Armel Prieur también señaló que la idea de las bolsas de carbono regionales había sido bien recibida en Toulouse y Burdeos, pero que ello requeriría la contratación masiva de asesores para dirigir todos estos comités locales. Esta sería una prioridad del plan de recuperación, incluso desde la perspectiva del empleo juvenil.

¿Cómo, finalmente, se llevará a las administraciones y servicios públicos a asumir su propia obligación de resultado? Armel Prieur citó el orden de magnitud ya mencionado: en Francia, las administraciones y servicios públicos suponen entre 120 y 140 kilos de CO2 por habitante y mes, es decir, aproximadamente entre 1,4 y 1,7 toneladas al año por habitante. Según el sistema de cuotas, se trata de tantos puntos de carbono deducidos anualmente de la cuota de cada habitante. Es fácil imaginar la presión que se ejercerá sobre las administraciones y los servicios públicos. ¡La propia lógica de las cuotas iguales para todos sugiere que los puntos de carbono asignados a las administraciones y servicios públicos se repartirán a su vez de forma equitativa entre todos (de lo contrario, con la progresividad de la fiscalidad, toda una parte de la población se encontraría con cuotas negativas una vez pagados los impuestos !) Incluso en sectores como la defensa (35 kilos al mes por habitante) y los hospitales (17 kilos al mes por habitante), hay que prever ya un cambio radical en los sistemas de defensa y sanidad.

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