La recuperación ecológica frente a la justicia medioambiental

Amenazas a la pobreza energética

Yves JOUFFE, 2012

Collection Passerelle

Frío o Deuda

¿Qué hace una familia modesta cuando las facturas de electricidad, gas o combustible se vuelven realmente difíciles de pagar? Imaginamos que ya habrán moderado sus gastos de todas las maneras posibles. Se adivina que no tiene suficientes ingresos para hacer de su casa un Edificio de bajo consumo energético®, o para mudarse a un barrio ecológico®. Ahora puede acumular facturas impagadas cada vez más difíciles de pagar, financiarse con créditos al consumo a tipos de interés usurarios, no cumplir con el pago de su alquiler o de sus préstamos, o comer cada vez peor, otra forma de endeudamiento de su capital sanitario. También puede calentar e iluminar menos, aceptar el frío y la oscuridad, llevar jerséis, vivir en una sola habitación, instalar calefactores auxiliares, calafatear las paredes y las ventanas. Entonces tendrá que lidiar con la humedad y la oscuridad, el moho y el papel pintado descascarillado, las alergias y las enfermedades respiratorias cada vez más intensas y frecuentes, luego el fin de las visitas de los amigos frente a los que uno se avergüenza, la estigmatización, el malestar, la depresión, el aislamiento y el encierro y, finalmente, tal vez la insalubridad, el conflicto con el propietario, la retirada de los niños por los servicios sociales, el realojamiento forzoso o incluso el desalojo sin realojamiento.

Así es la pobreza energética : un proceso que comienza con una renta baja, una vivienda mal aislada y un equipamiento ineficiente, mal utilizado y dependiente de una energía cara ; un proceso que termina en inseguridad sanitaria, psicológica, económica y social.

Un fenómeno muy masivo en Europa

¿Cuál es la situación en Europa? Las realidades son diversas, entre países e incluso entre regiones. Pero los propios indicadores son dispares. En 2009, el 9,2% de los hogares europeos (18 países) se declararon incapaces de mantener una temperatura adecuada en sus casas. Esta cifra varía del 1,3% en los Países Bajos al 64% en Bulgaria, y del 5,5% en Francia y Alemania. De hecho, la cifra se duplica (21%) si se toma la media de los 27 países de la UE. Si contamos los hogares que declaran el impago, encontramos cifras equivalentes (8-9%). Los hogares que declaran tener goteras o moho en sus viviendas son más numerosos en los 18 países encuestados (16%), pero de manera más uniforme entre países y entre grupos de ingresos. Por último, el 13% de los hogares de la Unión Europea y el 16% de Francia gastaron más del doble de la media nacional en energía doméstica en 2010¹.

Por último, la pobreza de combustible afecta a entre uno de cada cinco y uno de cada diez hogares en la Unión Europea. Un factor parece prevalecer para explicar la disparidad de situaciones nacionales. Si se compara el número de hogares que no pueden pagar la calefacción entre el Norte (Países Bajos y países escandinavos, entre el 1,3% y el 1,5%) y el Sur (Grecia y Portugal, con el 16% y el 28%) de Europa, parece que el clima importa poco en relación con la pobreza de las naciones.

Un hogar de cada seis en Francia y cada vez peor

A escala nacional, aparecen otras estadísticas. El índice de esfuerzo energético requerido se refiere a los hogares que tendrían que gastar más del 10% de sus recursos para calentarse adecuadamente dado el rendimiento energético de su vivienda. En 2009, se estima que son el 18,4% en el Reino Unido, mientras que sólo eran el 5,9% en 2003². En Francia, la tasa de esfuerzo energético efectivo identifica a los hogares que gastan más del 10% de su presupuesto en calefacción y energía doméstica (14% en 2006). Sin embargo, este indicador pasa por alto a los hogares que sufren el frío en lugar de arriesgarse a endeudarse. En 2006, el 14,8% declaró haber pasado frío durante el invierno de 2005 (3,5 millones, de los cuales 2,3 millones pertenecían a la mitad menos rica de la población). Esta cifra se compara con el 10,9% de 1996. Estas poblaciones casi no se superponen: el 2% de los hogares combinan el frío y el esfuerzo presupuestario, lo que sigue sumando 621.000 hogares con grandes dificultades³. 300.000 hogares franceses ya se han beneficiado de una ayuda financiera para pagar sus facturas de energía a través del Fondo de Solidaridad para la Vivienda⁴ (FSL).

Multiplicidad de mecanismos institucionales

La acción pública pretende cambiar esta desastrosa ecuación entre pobreza, vivienda ineficiente y energía cara. Dado que la energía se va a encarecer, queda actuar sobre la pobreza, sobre la vivienda y su equipamiento, pero también sobre los usos. De ahí que haya un conjunto muy diverso de medidas en estos tres ámbitos : ayuda a los recibos impagados o a las tarifas energéticas sociales ; ayuda a las obras y al etiquetado energético de viviendas y equipos ; asesoramiento y apoyo a las acciones ecológicas.

En Suecia, las viviendas bien aisladas, los equipos eficientes y la protección social universal evitan situaciones críticas de cortes de electricidad o gas. Alemania actúa poco, sobre todo en la lucha contra el cambio climático. En el Reino Unido existen numerosos regímenes, sobre todo a través de proveedores privados de energía, gracias en parte a las luchas sociales por el derecho a la energía desde 1975. Francia selecciona principalmente los hogares pobres y de bajos ingresos, mientras que los programas británicos se centran en poblaciones a priori vulnerables desde el punto de vista sanitario, debido a su importante presencia en sus hogares, a saber, las personas mayores o discapacitadas, los enfermos y los desempleados.

La coordinación de estas medidas a través de los programas y observatorios nacionales es una tarea difícil y, por tanto, está especialmente sujeta a las directrices políticas nacionales.

Ampliación del concepto : energía, vivienda, combustible, limitaciones, vulnerabilidad

El éxito de la noción de pobreza energética, consagrada en el Grenelle del Medio Ambiente, ha favorecido la ampliación de sus contornos. Ha absorbido, en el acceso a la energía, todas las energías (no sólo la electricidad y el gas) y todos los usos domésticos de la energía (no sólo la calefacción). Sobre todo, la propia vivienda y su equipamiento se designan como causas y, por tanto, como criterios y objetos de intervención. En otras palabras, las tarifas sociales de electricidad y gas ya no son suficientes. Tanto la insuficiencia de las ayudas económicas puntuales como la necesidad de ahorro energético son las que dirigen la acción hacia el aislamiento y el equipamiento de las viviendas. El ámbito de aplicación tiende ahora a incluir el combustible para automóviles e incluso el agua. El transporte es una limitación innegociable para los hogares que viven en zonas periurbanas o rurales y que no disponen de transporte alternativo al coche. Los gastos de combustible debilitan entonces el presupuesto energético. A continuación, se pueden incluir otras limitaciones en el fenómeno de la pobreza energética. Esta visión global permite establecer planes de asistencia que tienen en cuenta las compensaciones entre las necesidades de los hogares y, por tanto, pueden ir más allá de los límites de la acción pública sectorial. Hay dos formas de tener en cuenta los gastos de transporte o de otro tipo: la restricción presupuestaria actual y la vulnerabilidad a futuras subidas de los precios de la energía. La doble dimensión de la vivienda y el transporte permite tener en cuenta las consecuencias de la elección residencial. Reclama una política pública para poner en práctica el derecho a la ciudad, del que la acción contra la pobreza energética en la vivienda es sólo un aspecto. Tener en cuenta todos los gastos forzosos de los hogares lleva incluso a una política global de lucha contra la pobreza y la desigualdad. Por otro lado, como área de vulnerabilidad a los precios de la energía, el binomio vivienda-transporte reclama más bien una política prospectiva y pública de transición energética, previa y, por tanto, al margen de las situaciones actuales de pobreza energética.

Enfocando los objetivos : transición energética sin reducción de la pobreza

Aunque la noción de pobreza energética tiende a extenderse, la necesidad de una acción eficaz y, por tanto, coherente, centra sus metas y objetivos. Dos objetivos se perfilan, según las fuerzas sociales en juego : un perímetro restringido a los pobres mal alojados y un perímetro ampliado a los vulnerables. Ambos límites son un peligro para el tratamiento de la pobreza energética, ya que llevan a centrarse en la energía a expensas de la pobreza, por ejemplo, financiando las ayudas a las obras y no las tarifas sociales del « escudo energético ». El ámbito de aplicación restringido a los hogares pobres y mal alojados deja de lado a las personas pobres bien alojadas o que viven en infraviviendas, para las que no se prevén mejoras energéticas en la vivienda y el equipamiento. El ámbito ampliado de la vulnerabilidad energética orienta la acción hacia políticas de transición energética amplias y ambiciosas. Los hogares que ya sufren el frío o un esfuerzo presupuestario insostenible pueden beneficiarse más o menos rápidamente de estas medidas, pero ya no son la base ni el objetivo.

La crisis como indicador del papel de la pobreza en la escasez de combustible

Sin embargo, las cuestiones de la pobreza y la ecología, en lugar de excluirse mutuamente en beneficio de los inversores, pueden abordarse conjuntamente situando la pobreza energética en el marco del derecho a la vivienda y del derecho a la ciudad, o incluso de la lucha social por la igualdad. Estos dos horizontes corrigen los esquemas orientados a la eficiencia energética. Sobre todo, conservan la visibilidad política y mediática de la pobreza energética como indicador de la pobreza y de su agravamiento. De hecho, es probable que la pobreza aumente tanto como los precios de la energía.

Por otro lado, una acción pública centrada en las ayudas a las obras de eficiencia energética o en una transición energética sin sobriedad mejoraría la situación de los hogares afectados pero alimentaría un aumento de los estándares de uso de la energía. La población « necesitaría » entonces consumir más energía y vería aumentar su vulnerabilidad energética.

En segundo lugar, los llamamientos a la sobriedad energética por razones económicas y ecológicas son problemáticos, por no hablar de las medidas restrictivas como el impuesto sobre el carbono. Centrados, estigmatizan. Normalizados, ahorran a los ricos que consumen más e incluso tienen los medios para ser virtuosos sin esfuerzo gracias a una inversión en eficiencia energética. En el caso de un hogar que se calienta mucho, a veces para compensar unas vacaciones imposibles que son más contaminantes, se les condena como algo normal. Esta disciplina ecológica permite a las clases dominantes preservar su entorno global y su modo de vida desigual.

Por último, las medidas de lucha contra la pobreza energética pueden reforzar por sí mismas los procesos de precarización. Por ejemplo, el inicio de un procedimiento de renovación subvencionado para los inquilinos puede provocar conflictos con sus propietarios, que pueden considerarlos responsables del deterioro de la vivienda y negarse a invertir en ella. La intervención de los servicios sociales también puede dar lugar a la condena de posibles tácticas de supervivencia que entran en el ámbito del fraude, o a una desaprobación de las condiciones de vida en la vivienda que llevaría a la retirada de los niños que viven en ella o a un realojamiento forzoso. En general, las políticas de rehabilitación pueden expulsar a los inquilinos de las viviendas y barrios rehabilitados debido al aumento de los alquileres y de los precios de los servicios locales. Frente a esta gentrificación, es de nuevo la cuestión del derecho a la ciudad la que hay que defender como marco para la realización de estas rehabilitaciones.

Por una verdadera justicia medioambiental

Los enfoques parciales y centrados en la energía para abordar la pobreza energética atraen el apoyo político, sobre todo porque se supone que abordan las desigualdades medioambientales, es decir, que protegen a las personas expuestas tanto al cambio climático como al aumento de los costes energéticos. Sin embargo, la justicia medioambiental tiene otras dimensiones que no son atendidas por estos enfoques centrados en la energía. Refuerzan la desigualdad al ayudar a los propietarios de viviendas y a los inversores en lugar de a los inquilinos. No penalizan a los hogares ricos a pesar de que están más implicados que otros en el consumo de energía y en el establecimiento de una norma de uso intensivo de energía. Se imponen a las poblaciones desfavorecidas que quedan excluidas del proceso de toma de decisiones. Su influencia en los mecanismos es crucial porque así podrían promover todas las dimensiones de la justicia medioambiental. El derecho a la ciudad y la lucha social por la igualdad se basan en restaurar el poder de los grupos desfavorecidos sobre la ciudad y la sociedad. Por lo tanto, son los marcos óptimos para aplicar la lucha contra la pobreza energética con vistas a la justicia medioambiental.

Referencias