Los retos del acceso al agua

2005

Association Internationale de Techniciens, Experts et Chercheurs (AITEC)

Estado del arte

1.500 millones de personas no tienen acceso a una cantidad y calidad suficiente de agua ; casi 2.500 millones carecen de saneamiento. Se calcula que 15 millones de muertes al año se deben a infecciones bacteriológicas relacionadas con la mala calidad del agua. Según un estudio reciente¹, esta crisis del agua podría afectar a 4.000 millones de personas en 2025.

A pesar del compromiso del Comité de Derechos Económicos, Culturales y Sociales de la ONU², la mayoría de los Estados todavía no consideran el acceso al agua como un derecho humano básico, aunque todos coinciden en que es una necesidad vital. Más a menudo, los Estados y los gobiernos consideran el agua como un bien económico que debe valorarse a un precio de mercado para recuperar el coste total de la producción, incluidos los beneficios. Los Objetivos de Desarrollo del Milenio (adoptados por la Asamblea de las Naciones Unidas en Nueva York en 2000), retomados por la Cumbre de Johannesburgo sobre Desarrollo Sostenible en 2002 y por el Foro del Agua de Kioto en 2003, pretenden reducir a la mitad el número de personas sin acceso al agua y al saneamiento para 2015.

Las propuestas de la Asociación para el Contrato Global del Agua (Acme)

Ante un futuro amenazante -crisis y guerras del agua- el comité internacional de la Asociación para el Contrato Mundial del Agua (ACME) ha propuesto, entre otras cosas, ³ :

• incluir el derecho de acceso al agua en la declaración universal de los derechos humanos, en las constituciones de todos los estados y en los estatutos de las autoridades locales ;

• inventar un sistema financiero cooperativo y mutualista que favorezca la colaboración público-pública en la perspectiva de un servicio público mundial del agua ;

• crear consejos ciudadanos a todos los niveles para democratizar radicalmente la gestión del agua.

Esta visión se basa en el hecho de que el agua es esencial para la vida. Para el ser humano, como para todos los seres vivos, nada puede sustituirlo. Por ello, la asociación propone que el agua se considere un bien público global⁴.

Para ACME, considerar el agua como un bien público global implicaría el establecimiento de estructuras para garantizar su preservación. El Parlamento Mundial del Agua, con función legislativa, se encargaría de elaborar y aprobar las normas y principios del patrimonio mundial, de su valorización y de su uso solidario y sostenible. El Tribunal Mundial del Agua se encargaría de resolver los conflictos interestatales sobre el uso del agua (función jurídica). Una agencia de evaluación, encargada de velar por el respeto de los objetivos, es decir, garantizar el acceso al agua para todos, garantizaría el control de las inversiones.

La noción de «  Bien Público Global  »

Una red de asociaciones que trabajan en el acceso al agua a escala mundial han abogado por que el agua sea considerada un « Bien Público Mundial ». Esta noción se refiere a la responsabilidad colectiva hacia las generaciones presentes y futuras y los ecosistemas.

Abogar por el reconocimiento del agua como bien público mundial plantea una serie de problemas novedosos. ¿A qué entidad jurídica y política hay que dirigirse en caso de violación de este derecho? La autoridad pública, el poder político legal capaz de garantizar tales compromisos, aún no se ha inventado. Sin embargo, la declaración de la Unesco por la que se establece el patrimonio común de la humanidad o la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho al Mar, al considerar los recursos de los océanos como comunes, pueden mostrar las premisas de esta concepción de los bienes públicos mundiales. ¡Al carácter no sustituible del agua, a la globalidad de su ciclo en el planeta, hay que añadir también que, en el mundo, de las 214 cuencas hidrográficas, 155 están compartidas entre 2 países, 36 entre 3 naciones, y 23 cuencas por un número de países que llega hasta 12 !

Una buena gestión a nivel local

El carácter global del agua se refleja en su gestión local: suele explotarse, gestionarse y distribuirse a nivel local.

Podemos imaginar un servicio público del agua, a fortiori un servicio público europeo del agua o un servicio público mundial del agua, en forma de red que coordine y ponga en común las experiencias y los recursos en los distintos niveles territoriales.

La ecofeminista india Vandana Shiva evoca así «  un servicio público arraigado en las comunidades locales  ». El Consejo de Colaboración para el Abastecimiento de Agua y el Saneamiento (WSSCC) afirma que «  no basta con mejorar el acceso al agua y al saneamiento, sino que también hay que reforzar el acceso a la gestión de los servicios de agua y saneamiento, lo que determinará la sostenibilidad de los progresos realizados[>(nota) 5]  ».

El nivel local cristaliza un doble reto no siempre fácil de disociar : por un lado, la existencia de un territorio natural, el de la cuenca hidrográfica, en el que se encuentra el ecosistema, y que a menudo no se corresponde con los límites administrativos y políticos reconocidos ; por otro lado, la participación de los ciudadanos, de las comunidades locales en la gestión del agua y la democratización de la gestión del agua. En efecto, es esencial que los ciudadanos participen de forma más dinámica en la definición y aplicación de la política del agua, desde el nivel local hasta el global.

La privatización de la gestión del agua y el papel de las multinacionales del agua

El sector privado aporta muy poca inversión al sector del agua. En comparación con los 3.000 millones de dólares de ayuda oficial al desarrollo (bilateral y multilateral) dedicados al sector del agua, la contribución del sector privado representa el 5% de los fondos dedicados al agua. En concreto, el sector privado gasta 153 millones de dólares al año en agua, lo que representa menos del 0,3% del total de sus proyectos en todos los sectores⁶.

El agua era gestionada por empresas públicas en casi todo el mundo. Este sistema está siendo cuestionado por la privatización y mercantilización del agua, llevada a cabo por multinacionales, la mayoría de ellas europeas, especialmente francesas.

A principios de los años 80, las dos principales empresas privadas francesas de agua que operaban a nivel internacional (Générale des Eaux, que se convirtió en Vivendi Environnement, filial de Vivendi Universal, y luego en Veolia ; y Lyonnaise des Eaux, que se convirtió en Ondeo, filial de Suez) suministraban agua a 300.000 personas (fuera de Francia). En el año 2000, la población atendida por las empresas privadas en todo el mundo ascendía a 400 millones, de los cuales 250 millones eran atendidos sólo por empresas francesas. El banco privado suizo Pictet prevé que, si se mantienen las tendencias actuales, el sector privado atenderá a unos 1.700 millones de personas en 2015.

Este proceso puede adoptar la forma de una privatización total según el modelo británico o de una asociación público-privada según la delegación francesa. Así, las grandes multinacionales pueden tener las ventajas de la propiedad (control, poder de decisión, etc.) sin los inconvenientes (mantenimiento, inversiones, responsabilidad, etc.). Las grandes empresas del agua que, en Francia, proclaman que « la propiedad de las infraestructuras debe seguir siendo pública » no son reacias a hacerse con la propiedad directa de las redes fuera…

Las consecuencias para el sector del agua

No se ha realizado ninguna evaluación seria e independiente del impacto de la privatización de la gestión de este sector. Sin embargo, eso ya lo sabemos :

• El agua es cada vez más cara para los usuarios domésticos.

Un informe del PNUD afirma que «  las asociaciones público-privadas se basan en el principio del pago del cliente por los servicios. La privatización del suministro de agua y del saneamiento ha provocado un fuerte aumento de las tarifas, a veces de la noche a la mañana y con consecuencias desastrosas[>(nota) 7]  ».

También en Francia, los precios suben desde el momento en que se delega la gestión al sector privado. Por término medio, la diferencia de precio entre el affermage (gestión delegada al sector privado) y la gestión directa es del 27% para el agua potable y del 20% para el saneamiento⁸.

Así, en 2002, el precio del agua (sin impuestos) en dos grandes ciudades vecinas, Grenoble y Lyon⁹, era de 0,73 €/m3 en Grenoble (gestión pública) y de 1,614 €/m3 en Lyon (delegada en la Compagnie Générale des Eaux, ex-Vivendi). Una diferencia del doble. Las economías de escala que permite el considerable número de contratos que poseen tres empresas (Compagnie Générale des Eaux, Lyonnaise des Eaux y SAUR) y sus filiales conjuntas no benefician a los usuarios.

• Los intereses de la empresa se anteponen a los de los usuarios.

Cabe señalar que, tras el efecto de anuncio del compromiso del sector privado ("agua para todos, rápidamente", declaró Gérard Mestrallet, director general de Suez) para mejorar la calidad del servicio, ha llegado el momento de retirar y romper muchos contratos (Manila, Yakarta, Atlanta…). En general, las multinacionales del agua se interesan sobre todo por las poblaciones solventes: las zonas rurales y los barrios marginales están olvidados.

• ¿Y el interés colectivo?

Las multinacionales del agua son opacas y excluyen a los ciudadanos y a las autoridades locales de la gestión del agua. Peor aún, según el PNUD, «  las multinacionales rara vez respetan los acuerdos que han establecido con el país de acogida[>(nota) 10] » [[Informe sobre Desarrollo Humano, 2003, PNUD]].

En América Latina, durante el periodo 1985-2000, se renegociaron el 55% de los contratos de concesión de transporte y el 74% de los de agua. En el 66% de los casos, fue el sector privado el que solicitó la renegociación.

Aumentan los ataques a la soberanía popular: el ejemplo de Manila

Para Carla Montemayor, de la red de vigilancia del agua Bantay Tubig, la privatización del agua en Manila puede considerarse un dramático fracaso. Los compromisos adquiridos no se han cumplido y el precio del agua en la parte de la ciudad gestionada por Suez ha subido un 500% desde 1997 (e incluso un 700% en la otra parte, gestionada por una empresa conjunta que incluye a Bechtel). Y este sistema se está reproduciendo en el resto de Filipinas. Los planes para acelerar el aumento de precios fueron parcialmente aceptados por el regulador. Sin embargo, Suez decidió abandonar Manila, buscando una compensación económica a través del tribunal de arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional de París (presidido por Jean-René Fourtou, director general de Vivendi Universal). Las implicaciones son fuertes en términos de soberanía, con Suez interfiriendo directamente en el poder del regulador local en Manila a través de un continuo y poderoso lobby, especialmente a través de la Embajada de Francia en Manila.

En América Latina, la ruptura del contrato con Bechtel se produjo tras un levantamiento popular en Cochabamba (Bolivia). Bechtel demandó al gobierno boliviano ante un tribunal internacional privado (tribunal de arbitraje de la OMC, Organización Mundial del Comercio), reclamando 25 millones de dólares en concepto de daños y perjuicios por el lucro cesante. Las consecuencias presupuestarias de una operación de este tipo para un país como Bolivia serían obviamente desastrosas.

En cuanto al AGCS (Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios) de la OMC, es la Comisión Europea la que negocia en nombre de todos los países de la UE, incluida Francia. En el sector del agua, Francia se ha mostrado muy agresiva en las negociaciones comunitarias, y el continuo lobby de las multinacionales francesas del agua influye indirectamente en estas negociaciones comerciales. De hecho, la Comisión Europea ha enviado solicitudes de liberalización de todos los servicios relacionados con el agua potable y el tratamiento de aguas residuales a 72 de los 109 países a los que ha enviado solicitudes. En cada caso, se pidió a los países que se comprometieran con la cláusula de trato nacional. Apoyando la opinión de que la liberalización del acceso a las aguas subterráneas allana el camino para su privatización, la Comisión Europea ha pedido a Taiwán que derogue su ley que prohíbe a una empresa extranjera ser propietaria de fuentes de agua¹¹.

Por último, la privatización del agua en los países en desarrollo también está impulsada por los mandatos del Banco Mundial y otros donantes internacionales. Esto es lo que relata para Ghana Wenonah Hauter, directora del departamento de medio ambiente de la ONG estadounidense Public Citizen: « El Banco Mundial dicta sus condiciones y presiona al gobierno de Ghana, que teme la quiebra de las empresas públicas. El Banco Mundial retiene una subvención para las empresas públicas de agua : las reparaciones no se llevan a cabo por falta de fondos y éstos sólo se liberarán cuando el agua esté en manos de empresas privadas¹² ".

Del rechazo a la privatización a la elaboración de una alternativa pública, el largo camino de los altermundistas del agua

Desde hace varios años, asociaciones y redes nacionales e internacionales de orígenes e inspiraciones muy diversas convergen para elaborar y construir opciones públicas sostenibles y participativas de gestión de este bien vital. En marzo de 2003, el primer Foro Mundial del Agua Alternativo reunió a 1.800 participantes en Florencia (Italia). Una veintena de organizaciones formaron su comité organizador internacional, entre las que se encontraban ACMEs y capítulos de ATTAC de distintos países, la Coordinadora por la Defensa del Agua y la Vida de Cochabamba (Bolivia), la Coalición Nacional contra la Privatización del Agua (Ghana) y Public Citizen (Estados Unidos).

Como contrapunto al Foro Mundial del Agua, que se celebró al mismo tiempo en Kioto, por iniciativa del Consejo Mundial del Agua¹³, el Foro de Florencia denunció el actual fracaso de la política del agua y la precipitación hacia la privatización. El Foro fue una oportunidad para elaborar los principios de otra política global y local del agua, desarrollando las nociones de derecho al agua, de un bien común cuya propiedad, gobierno y control político deben seguir siendo públicos, en formas renovadas, participativas y solidarias. El Foro de Florencia dio lugar al manifiesto « Por otra política del agua » y a la Declaración de Roma.

Sobre la base de esta declaración, ACME ha lanzado una campaña internacional para que las instituciones existentes tomen decisiones que hagan realidad el derecho al agua para todos de aquí a 2015-20, con la recogida de adhesiones a la Declaración de Roma, principalmente de municipios y autoridades locales, parlamentarios, organizaciones activas en el ámbito del agua y los derechos sociales, y sindicatos. Este enfoque incluye también análisis, propuestas y debates sobre dos temas esenciales: la financiación del derecho al agua para todos y de la gestión pública del agua; la democracia local, mediante la creación de Consejos Ciudadanos del Agua. La última reunión fue el II Foro Mundial del Agua, celebrado en Ginebra en marzo de 2005.