En España, una ley para luchar contra el desperdicio alimentario

Clémence Lepla, junio 2025

The Conversation

España acaba de aprobar una nueva ley para luchar contra la pérdida y el desperdicio de alimentos. Publicada el 1 de abril de 2025, su objetivo es reducir las pérdidas y el desperdicio en todas las etapas de la cadena alimentaria, desde la cosecha hasta el consumo, promoviendo un modelo más sostenible. Si bien en Cataluña ya existía una ley al respecto, ahora se ha armonizado el dispositivo.

Los objetivos fijados son ambiciosos. La ley pretende reducir en un 50 % el desperdicio alimentario por habitante y en un 20 % las pérdidas alimentarias de aquí a 2030. Las pérdidas alimentarias se refieren a los alimentos que se pierden o se desechan antes de llegar a las tiendas minoristas, durante las etapas de recolección, transformación o transporte. Actualmente, el 14 % de los alimentos producidos en el mundo se pierden en esta fase. El desperdicio alimentario, por su parte, corresponde a los alimentos disponibles para la venta o el consumo que son desechados por los supermercados, los restaurantes y los hogares. Representa el 19 % de los alimentos producidos en el mundo. Estas cifras han marcado un verdadero punto de inflexión en la concienciación mundial sobre este problema, lo que ha llevado a los gobiernos a adoptar políticas ambiciosas para remediarlo.

Esta ley, inédita en España, constituye un paso importante en la lucha contra el desperdicio alimentario. Se inscribe en los objetivos de desarrollo sostenible de la Unión Europea, que pretenden, de aquí al 31 de diciembre de 2030, reducir en un 10 % las pérdidas de alimentos (en comparación con la cantidad generada de media anual entre 2021 y 2023), así como reducir en un 30 % el desperdicio de alimentos por habitante.

El texto también presenta disposiciones similares a las de la ley relativa a la lucha contra el desperdicio alimentario, conocida como Ley Garot, aprobada por Francia en 2016. Aunque las medidas no son totalmente idénticas, ambos textos persiguen el mismo objetivo: luchar contra las pérdidas y el desperdicio alimentario.

Todos los actores de la cadena alimentaria implicados

Para alcanzar este objetivo, es necesaria la participación de todos los actores de la sociedad. La ley española se aplica, por tanto, a una amplia gama de actores que operan en el territorio. Se dirige a los profesionales que se dedican a la producción, la transformación y la distribución de alimentos; a los restaurantes; a la hostelería; a los consumidores; a las asociaciones de distribución de donaciones alimentarias, así como a la administración pública. Solo las microempresas quedan excluidas del dispositivo.

A diferencia de la ley francesa, la ley española también es aplicable a los operadores del sector primario, como los agricultores, ganaderos, pescadores y cooperativas agrícolas.

Un orden de prioridad que debe respetarse

Los operadores económicos de la cadena alimentaria deben respetar un orden de prioridad inspirado en la directiva europea sobre residuos. Así, cuando un producto alimenticio no se puede vender, debe donarse o transformarse (por ejemplo, la fruta puede transformarse en mermelada). Si estas operaciones no son viables, el producto puede utilizarse para alimentar a los animales. En su defecto, será transformado por la industria en subproductos no alimentarios (biocombustibles, bioplásticos, etc.), reciclado o transformado en compost.

La ley también prohíbe cualquier acción destinada a hacer que los alimentos sean impropios para el consumo o la valorización, como verter lejía sobre los productos no vendidos.

El incumplimiento de este orden de prioridad se considera una «infracción leve» y se castiga con una advertencia o una multa de hasta 2000 euros. Esta infracción puede recalificarse como «infracción grave» si se comete de nuevo en un plazo de dos años a partir de la sanción administrativa de la primera de ellas. En tal caso, se castiga con una multa de entre 2001 y 60 000 euros.

La destrucción o alteración intencionada de alimentos no vendidos que aún sean aptos para el consumo se considera una «infracción grave». En caso de reincidencia en este tipo de infracción, esta puede ser recalificada como «infracción muy grave». En ese caso, será punible con una multa de entre 60 001 y 500 000 euros. La ley deja un cierto margen de maniobra a nivel regional a las 17 comunidades autónomas de España para aumentar estos umbrales y/o incluir otras sanciones adicionales o accesorias en sus respectivas normativas con valor de ley.

Las sanciones difieren de las francesas, que prevén una multa de hasta el 0,1 % del volumen de negocios sin impuestos del último ejercicio cerrado realizado por el establecimiento culpable de la destrucción de sus productos no vendidos. El importe se fija en función de la gravedad de la infracción, en particular del número y el volumen de los productos afectados. Esta multa puede ir acompañada de una pena accesoria de exposición o difusión de la resolución dictada, en las condiciones previstas en el artículo 131-35 del Código Penal.

Planes de prevención que deben aplicarse

La ley española también obliga a los profesionales a establecer planes de prevención. Se trata de documentos operativos que detallan las medidas adoptadas para identificar, prevenir y reducir las pérdidas y el desperdicio de alimentos. Cada actor de la cadena alimentaria (con excepción, por tanto, de las microempresas, los pequeños establecimientos comerciales con una superficie inferior a 1300 m² y las pequeñas explotaciones agrícolas) debe explicar cómo aplicará este orden de prioridad e informar sobre las medidas de prevención, como la venta de productos denominados «feos» o «antiestéticos », o indicar los posibles acuerdos o convenios que tengan con asociaciones para donar sus productos no vendidos. Estos planes de prevención también permiten recopilar datos sobre la pérdida y el desperdicio de alimentos, que serán esenciales para el seguimiento y la regulación de este problema a escala nacional.

Esta información recopilada alimentará el plan nacional de control de la pérdida y el desperdicio de alimentos, un dispositivo establecido por España para supervisar y controlar las acciones de los profesionales. Este plan nacional tiene por objeto garantizar que se alcancen los objetivos legislativos de reducción de la pérdida y el desperdicio de alimentos y puede incluir controles, auditorías y mecanismos de seguimiento y sanción en caso de incumplimiento.

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación debe elaborar anualmente un informe con los resultados de la aplicación del plan nacional de lucha para seguir la evolución y las medidas adoptadas. Por su parte, las administraciones públicas deben investigar y recopilar datos que permitan conocer la magnitud del fenómeno de la pérdida y el desperdicio de alimentos (volúmenes, causas y responsabilidades).

Se fomenta la donación

La ley también tiene por objeto promover la donación de alimentos, garantizando su seguridad y trazabilidad. Aunque se fomenta, en particular mediante una deducción fiscal, la donación sigue siendo facultativa: los profesionales también pueden vender sus alimentos no vendidos que aún son consumibles, por ejemplo, bajando los precios o transformándolos. Por el contrario, está prohibido incluir en un contrato una cláusula que impida a la otra parte donarlos.

El recurso a la donación también está regulado por un convenio de donación que especifica las modalidades de recogida, transporte y almacenamiento, así como las obligaciones de las partes.

La asociación beneficiaria tiene la posibilidad de rechazar la donación, siempre que motive su negativa. También está obligada a cumplir varios requisitos, como proporcionar información sobre los alimentos a las personas que los reciben, garantizar la trazabilidad de los productos donados mediante un sistema de registro de las entradas y salidas de los alimentos recibidos y entregados, mantener buenas prácticas de higiene en la conservación y manipulación de los alimentos o donar sin discriminación.

Informar a los consumidores

Por último, la ley tiene por objeto sensibilizar e informar a los consumidores. Para ello, obliga a las autoridades públicas a promover campañas de información sobre la reducción del desperdicio alimentario. Esta cuestión se integrará en los programas educativos desde la más temprana edad.

El texto también hace hincapié en la importancia de diferenciar los tipos de fechas que figuran en los productos alimenticios: los productos con fecha límite de consumo (FLC) suponen un riesgo para la salud si se consumen una vez pasada la fecha. Por el contrario, los productos con una fecha de durabilidad mínima (FDM) pueden consumirse después de esa fecha. Su calidad puede verse alterada, pero pueden consumirse con total seguridad en lugar de tirarse a la basura. Esta medida ya se aplica en Francia, donde los productos alimenticios con FDM pueden ir acompañados de una mención que informe a los consumidores de que el producto sigue siendo apto para el consumo después de esa fecha.

En los restaurantes, también se fomenta el uso de bolsas para llevar. Al igual que Francia, España obliga ahora a los establecimientos de restauración a proporcionar gratuitamente envases reutilizables o fácilmente reciclables para que los clientes puedan llevarse las sobras de sus comidas.

España es el tercer país de la Unión Europea, después de Francia e Italia, en adoptar una ley específica contra el desperdicio alimentario. Esta dinámica se inscribe en un contexto más amplio de refuerzo de las políticas europeas en materia de sostenibilidad alimentaria.

La eficacia de la ley española sobre la prevención de la pérdida y el desperdicio de alimentos dependerá de su aplicación concreta y del rigor de los controles ejercidos. El ejemplo de la ley francesa, aprobada hace nueve años, ofrece un marco de evaluación útil para apreciar las palancas eficaces y los resultados medibles de una política de este tipo.

En efecto, a pesar de la ambición inicial, un informe parlamentario publicado tres años después de la entrada en vigor de la ley Garot puso de manifiesto la insuficiencia de los medios para llevar a cabo los controles. La destrucción de los productos no vendidos, en particular mediante la práctica de la javellización, es objeto de muy pocos controles efectivos y está poco sancionada.

Por su parte, España ha incorporado en esta ley un dispositivo nacional de control del desperdicio y la pérdida de alimentos, articulado en torno a un mecanismo de seguimiento periódico a cargo del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y a planes de prevención elaborados por los operadores económicos.

Queda por determinar si estas herramientas, diseñadas para garantizar una aplicación rigurosa y homogénea del texto, contarán con los recursos suficientes para producir efectos concretos. A largo plazo, será su capacidad para inducir cambios estructurales en las prácticas económicas y sociales lo que permitirá juzgar su alcance real.

Referencias

Para ir más allá