De la aceptabilidad a la equidad : tensiones en la recepción social de la densificación

Anastasia Touati, octubre 2015

La cuestión de los costes suele ser uno de los primeros datos que mencionan los constructores sobre las condiciones de viabilidad de un determinado proyecto de densificación. Pero en el caso de las zonas residenciales de baja densidad, estos mismos actores insisten en el hecho de que los proyectos de densificación no suelen ser muy populares entre las poblaciones residentes, lo que hace que la aceptabilidad social de las operaciones sea otra dificultad importante.

El argumento inatacable de la aceptabilidad social

A nivel local, la densificación urbana se enfrenta a un gran obstáculo: su aceptación por parte de los residentes y las autoridades políticas locales de las zonas residenciales, especialmente en las zonas suburbanas. En efecto, los proyectos de densificación residencial pueden ser percibidos negativamente por los residentes que poseen un pabellón y que temen la depreciación de su propiedad, en particular por un posible deterioro del entorno y de la calidad de vida del barrio (cambios en la forma urbana, aumento del tráfico y otros tipos de molestias, problemas de aparcamiento, llegada de nuevas poblaciones, etc.). En los barrios residenciales de la periferia, las operaciones de densificación residencial pueden ser especialmente delicadas, ya que los cargos electos temen fuertemente una oposición del tipo NIMBY¹ (Not in My Backyard) que podría costarles su mandato. Y cuanto más observamos las comunidades suburbanas de la periferia, más se trata de pequeñas comunidades con una lógica muy local. En estos municipios, los cargos electos son tanto más sensibles a las presiones de sus electores y a sus aspiraciones, sobre todo en lo que respecta a su « entorno vital ». (Damon 2012).

Las altas densidades residenciales serían la antítesis del modo de vida periurbano, que puede ser objeto de fuertes críticas. Muchos analistas defienden la idea de que los habitantes de las zonas suburbanas son dependientes del coche, replegados en el espacio privado del hogar, portadores de ideologías defensivas y de seguridad y, sin duda, contaminantes. Jacques Levy, por ejemplo, considera que la ubicación residencial (central o periurbana) es una expresión del sistema de valores de los habitantes (Levy 2003). Así, los vínculos entre el estilo de vida periurbano y la expansión son estudiados por varios investigadores que discuten el modelo de la ciudad en expansión (Jaillet 1999; Levy 2003; Ravenel, Buleon y Fourquet 2004). Por otra parte, Martine Berger muestra cómo en Île-de-France, el espacio periurbano se asemeja cada vez más a un mosaico socioespacial, lo que matiza la visión de un modo de vida periurbano uniforme (Berger 2004). Para ella, la desconcentración de los empleos y la fragmentación comunal mantienen la continuidad de la dispersión, en particular para los menos afortunados, y para Eric Charmes, el malthusianismo de los municipios periurbanos provoca un aumento de los precios, acentuando las desigualdades existentes en el mercado de la vivienda (Charmes 2007a). Del mismo modo, otros autores matizan esta especificidad de un modo de vida dominante en los suburbios mostrando que la sociedad periurbana presenta una importante fragmentación de sus modos de vida (Cailly 2008) y, con ello, es demasiado radical asociar la vida periurbana con valores antiurbanos (Charmes 2007b).

Autores como Olivier Piron defienden así la elección de un estilo de vida suburbano y de cercanía. Este último aboga por tener en cuenta « la preferencia de los individuos » como, por ejemplo, la de las familias que crían a niños pequeños, cuya necesidad de espacios domésticos amplios y seguros que incluyan zonas exteriores es significativa (Piron 2006). A este respecto, Olivier Piron recuerda que la densificación no es positiva para todos y puede experimentarse como una alteración del entorno vital, sobre todo en los barrios residenciales con predominio de viviendas suburbanas, donde las bajas densidades son especialmente buscadas por los hogares en busca de «  naturaleza  » y «  tranquilidad  » (Pinson, Thomann y Luxembourg 2006).

En el caso de Norteamérica, Robert Bruegmann indica que la vivienda unifamiliar es el deseo de la mayoría de la población. Según el autor, se trata de una aspiración que forma parte de la cultura popular, a diferencia de los desiderata de los defensores de la regulación urbanística, que expresarían el punto de vista de una élite. Imponer procesos de densificación equivaldría, pues, a dictar un modo de vida elitista a una mayoría popular (Bruegmann 2005). En la misma perspectiva, Michael Breheny cuestiona la validez de las políticas de ciudades compactas desde el único punto de vista de su aceptabilidad (Breheny 1997a). Destaca los resultados de numerosos estudios británicos según los cuales las poblaciones que viven en zonas rurales o periurbanas están mucho más satisfechas con sus condiciones de vida y, en general, son más felices que las poblaciones que viven en centros urbanos. Según este investigador, estos estudios subrayan hasta qué punto las ubicaciones residenciales en espacios urbanos densos, promovidas por los defensores de la ciudad compacta, son las menos populares entre los residentes (Breheny 1997b). Más allá de la forma urbana, en Estados Unidos también es el entorno suburbano lo que busca una gran mayoría de la población, que puede asociar con frecuencia las viviendas residenciales de baja densidad con una serie de características deseables, como buenas escuelas, bajos índices de criminalidad e impuestos moderados (Farris 2001). Y cuando se planifica un proyecto de densificación en una zona residencial de este tipo, su anuncio puede provocar una fuerte oposición por parte de la población local, ya que los residentes suelen ser reacios a que se ubiquen proyectos residenciales de mayor densidad cerca de sus casas.

Sin embargo, este debate puede matizarse recordando que las altas densidades urbanas no se rechazan sistemáticamente, como demuestran los elevados precios de los inmuebles en el centro de París. Estos precios reflejan la intensidad de la demanda en los centros urbanos densos, que a cambio ofrecen los atributos de centralidad (accesibilidad, mezcla funcional, presencia de equipamientos estructurantes, servicios y comercios).

La equidad social de la densificación en cuestión

Más allá de la cuestión de la aceptabilidad social, los opositores a la ciudad compacta también señalan lo que implican las políticas de densificación en términos de equidad urbana. Supuestamente tenida en cuenta de la misma manera que las dimensiones medioambiental y económica, la dimensión social no suele ser la prioridad de las políticas urbanas llevadas a cabo en nombre del desarrollo sostenible (Béal, Gauthier y Pinson 2011). De hecho, estas políticas pueden tener efectos muy desiguales según los grupos sociales, a menudo perjudiciales para los más vulnerables. Para varios autores, las políticas de densificación no son una excepción a esta regla (Dubois y Van Criekingen 2006; Béal 2011) y, por tanto, plantean cuestiones de justicia social.

Diversos investigadores se han interesado por la ideología que subyace al desarrollo urbano sostenible (Béal, Gauthier y Pinson 2011) : por ejemplo, estudiando en qué medida los objetivos y soluciones que propugnan las políticas llevadas a cabo en su nombre pueden contribuir a acentuar los procesos de segregación social, relegación espacial o aburguesamiento ya existentes (Cary y Fol 2012). En este sentido, coinciden con los analistas que sostienen que las políticas urbanas llevadas a cabo en nombre de la sostenibilidad urbana no son políticas socialmente neutras: marginan o ignoran a determinados actores o intereses, como los de las poblaciones vulnerables (Dubois y Van Criekingen 2006), lo que exige un mayor énfasis en las dimensiones políticas y sociales en los análisis del desarrollo urbano sostenible. ¿Y las políticas de densificación?

Uno de los presupuestos de la ciudad compacta es que contribuye a una mayor cohesión urbana y ayuda a reducir los riesgos de fragmentación que se dan en las zonas periurbanas (Nelson et al. 2004). Desde este punto de vista, es lo contrario de la ciudad difusa. Uno de los argumentos de los defensores de la ciudad compacta es que la compacidad contribuye a reducir los procesos de segregación socioespacial propios de la zona periurbana y sería más favorable para las poblaciones más pobres por muchos aspectos, como un mejor uso del transporte público o un acceso más fácil a los equipamientos (Burton 2000), en particular al contribuir a reducir las distancias entre el lugar de trabajo, los equipamientos, los servicios urbanos y el lugar de residencia de los hogares. De hecho, dado que los hogares con bajos ingresos son los más sensibles al aumento de los costes de desplazamiento en coche (Fol, Dupuy y Coutard 2007), cabe pensar que una mayor accesibilidad a los puestos de trabajo y a las instalaciones es beneficiosa para las poblaciones socialmente frágiles.

Pero también hay muchos argumentos contradictorios sobre este punto. En efecto, las divisiones socioespaciales vinculadas a las dinámicas del suelo y de la propiedad inmobiliaria, en relación con los cambios en el parque de viviendas, dependen en gran medida de las estrategias de los actores colectivos, ya sean públicos o privados (Cary y Fol 2012 : 120). Los procesos de densificación residencial, que dependen de las políticas de densificación, participan entonces en esta dinámica. Además, cabe suponer que las acciones de densificación pueden producir efectos múltiples y a veces diametralmente opuestos según se piense o no con un conjunto de medidas que permitan las «  correlaciones  » de la densidad (Charmes 2010). Para Eric Charmes, la densificación de los edificios por sí sola no tiene los mismos efectos para el conjunto de la población, dependiendo de si se aplica o no con un conjunto de medidas complementarias, como el desarrollo del espacio en cuestión en términos de transporte y equipamiento comunitario o la supervisión pública de los proyectos residenciales. Así, la densificación puede tener efectos desiguales en función de los grupos sociales, beneficiosos para unos y perjudiciales para otros, según el proyecto en el que se inserte. En cuanto a los aspectos negativos de la ciudad compacta en términos de justicia social, algunos observadores sostienen que las políticas de compactación, a través de las acciones de restricción del suelo y de concentración en los centros urbanos que implican, suelen provocar un aumento de los precios de la propiedad (Gordon y Richardson 1997). Esto plantea el problema de la falta de viviendas disponibles a precios asequibles para los hogares con bajos ingresos en los centros urbanos (Cheshire y Sheppard 2002) y sugiere que los procesos de densificación podrían reforzar o provocar un desalojo de las poblaciones más pobres (Dubois y Van Criekingen 2006).

Por último, las políticas de densificación suelen ir acompañadas de medidas destinadas a aumentar la mezcla funcional y social de determinados barrios, en el espíritu de los atributos de la ciudad compacta que hemos mencionado. En ocasiones, estas medidas cautelares se traducen en la ejecución de proyectos de recalificación urbana que conllevan la demolición de determinados edificios y el realojamiento de los residentes, los más desfavorecidos, que pueden perder sus recursos en función de las redes sociales del barrio (Fol 2009; Touati 2008). Todo esto puede poner en duda los supuestos beneficios de la ciudad compacta en cuanto a su impacto en la justicia social (Thomann & Bonard 2009).

Referencias